14/09/2017
La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como supuesta jefa de una "asociación ilícita" que direccionó desde el Estado las concesiones de obra pública en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez. La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que confirmó también el procesamiento que pesa sobre el propio Báez y sobre ex funcionarios como el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López. Los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia también confirmaron los los embargo por 10.000 millones de pesos que pesaban sobre los procesados, a partir del fallo que emitió en diciembre pasado el juez federal Juilán Ercolini.

En el fallo de 151 páginas, Bruglia sostuvo que "los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado nacional, estuvieron signados por numerosas irregularidades". Para el magistrado quedó demostrada "una evidente maniobra, con múltiples abusos y anomalías en la contratación, que aparecen reiteradas dentro de un prolongado lapso temporal -coincidente con una misma administración de gobierno-, y signada por la gestión de un único ministro del área encargada de la implementación y el control de la obra pública, esfera ésta donde se verificaron la maniobras aquí imputadas".

En diciembre de 2016, Ercolini procesó también el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, y al ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-; entre otros. Ercolini consideró que los procesados conformaron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015" y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez. Para el magistrado "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".